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El Colegio de Abogados se declara en “rebeldía” contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aprueba el presupuesto 2017 sin autorización de la Asamblea nacional.

El exmagistrado Perkins Rocha, anunció que el gremio ejecutará acciones en las sedes del Poder Judicial de 20 estados del país que se replicarán en Caracas, pero prefiere mantenerlas en secreto para evitar que sean saboteadas.

“Exigimos el rescate del orden constitucional. El TSJ cometió un grave delito de manejo de los fondos públicos al aprobar un presupuesto usurpando la función contralora de la Asamblea Nacional”, señaló.

Los abogados también formalizarán la denuncia ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos a través de la Asamblea Nacional.

“Le exigimos a la Asamblea Nacional que nombre un nuevo TSJ; en primer lugar excluyendo los 13 magistrados exprés que fueron designados en diciembre pasado, y que luego revise el currículo de los magistrados restantes porque muchos no cumplen con el perfil legal, están inhabilitados por haber sido sometidos a procesos judiciales o no cumplen con los 15 años de ejercicio del Derecho”, afirmó.

El exmagistrado Jorge Rossell resaltó que la Constitución es muy clara al establecer que es la Asamblea Nacional el poder facultado para discutir y aprobar el presupuesto.

“La Sala debería ser la principal defensora de la Constitución y del régimen fiscal, pero lo está violentando”, manifestó.

El abogado descartó que el gremio introduzca alguna acción judicial o solicite una investigación al Ministerio Público porque “sería pedírselo a la nada”. Pero coincidió en que lo denunciarán ante organismos internacionales.

“Se está preparando para dentro de 15 días una reunión con la Asamblea y los distintos gremios profesionales y las academias nacionales para rechazar la sentencia”.

Consecuencias

Los diputados alertaron que el Ejecutivo debe informar y presentar al Poder Legislativo, los endeudamientos o préstamos en divisas, ya que serán considerados ilegales de no hacerlo. Pues han comenzado a surgir las consecuencias de obviar a la Asamblea Nacional en la evaluación y autorización de contratos de este tipo y considerados de interés nacional.

Según la información suministrada por el diputado de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, recientemente un organismo multilateral decidió no aprobar un financiamiento al gobierno del presidente Maduro, hasta tanto no se le presente el aval de la AN.

El préstamo por 400 millones de dólares sería para financiar un proyecto de construcción de viviendas.

Explicó que el gran volumen de préstamos para la república ingresa a través de la emisión de deuda soberana, por lo que se vería imposibilitado de colocar bonos en los mercados nacional e internacional. Destaca que la banca podía adquirirla pero estaría haciendo operaciones no aprobadas por la ley.

Redacción
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