El ministro GJ Vladimir Padrino López, señaló en un comunicado que los militares, detenidos desde este viernes, confesaron su participación en el hecho y aseguró que la Fuerza Armada apoyará las investigaciones del hecho que calificó como “aislado” aunque es el segundo en su tipo en menos de un mes.

Entre este viernes y sábado fueron encontrados en fosas comunes los cadáveres de 12 personas, cuyos familiares habían denunciado su desaparición tras un operativo militar en el sector La Peica, en el municipio Acevedo (Caucagua). La Organización No Gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que acompañó a los familiares en el proceso, señaló que se trataba de los denominados Operativos para la Liberación del Pueblo (OLP).

El Ministerio Público informó que la Fiscalía 62º nacional con competencia en materia de Derechos Fundamentales imputará al Teniente coronel José Ángel Rojas, y a los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón.

Asimismo, serán imputados el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.

Los militares están adscritos al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.

La madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se lo llevaron detenidos en octubre y trasladados al comando militar ubicado en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos se les informaba reiteradamente que no estaban allí. El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar.

Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo.

Tras investigaciones de las autoridades se dio con el lugar donde los cadáveres fueron sepultados y se procedió a detener a los acusados. La Fiscalía, que les imputará delitos relacionados con la violación de Derechos Humanos, dejó entrever en un comunicado que se presume fueron detenidos sin orden judicial.  Esa práctica es costumbre en los operativos llamados OLP.

La Red de Apoyo exigió al gobierno el pase a juicio de los acusados, así como las sanciones administrativas que correspondan, atención psicológica e indemnización  a los familiares de las víctimas.

Con información de El Estímulo/Redacción