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Especialistas del Derecho debaten sobre la constitucionalidad de las acciones de la directiva de la nueva Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, poderes públicos que protagonizan una lucha que pone sobre el tapete las funciones de cada uno de los entes y sobre todo donde comienzan y terminan cada una de sus funciones.

Abogados oficialistas cuestionan la legalidad de la Asamblea Nacional conformada por mayoría opositora, mientras que desde el punto de vista de los abogados opositores, la ilegalidad recae sobre la nueva magistratura del Tribunal Supremo de Justicia a la cual califican como írrita, por el modo en que fue nombrada por el Parlamento saliente.

Los hechos

El pasado 5 de enero se instaló la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre a través del sufragio; votaciones en la que resultó favorecida la bancada opositora al lograr 112 de 167 diputados, dejando sólo 55 para el bloque oficialista.

Por primera vez en 17 años, la oposición adquirió el control del Poder Legislativo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia logró la impugnación de los resultados de cuatro diputados de los cuales tres pertenecen a la MUD, a quienes se señala de comprar votos durante el proceso electoral, dejándolos por fuera de la instalación de la AN.

Sin embargo, Henry Ramos Allup, electo como presidente de la AN decidió juramentar a los tres diputados al alegar que gozan de inmunidad parlamentaria tras la entrega de los carnets de proclamación.

Además, la mayoría en la AN planteó la remoción de sus cargos a los nuevos magistrados del TSJ, nombrados el pasado 23 de diciembre, durante las funciones del diputado Diosdado Cabello como presidente del Poder Legislativo.

Esto provocó que la bancada oficialista acudiera este jueves, al Tribunal Supremo de Justicia, a fin de solicitar que por la vía jurídica, se pronuncie sobre la decisión de la junta directiva de la Asamblea Nacional de conformar una comisión especial para que investigue la designación de los magistrados del TSJ.

Carreño dijo que se solicitó que se “declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional” por haber juramentado a tres diputados opositores impugnados por el oficialismo.

El TSJ no tiene facultad sobre la directiva de la AN

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Para el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Santa María, Tomás Castellanos, la solicitud hecha por la bancada oficialista ante el TSJ no tiene fundamento legal, puesto que la AN es un poder autónomo electo por voluntad popular.
Agregó que los diputados gozan de inmunidad parlamentaria como lo establece la Constitución de la República en su artículo 200 que aclara que este derecho le es otorgado desde el momento de su proclamación, no desde su juramentación.
Sobre la intención de la directiva de la AN de desconocer el nombramiento de los 13 magistrados del TSJ, acto presidido por el Congreso saliente, el jurista recordó que según establece la constitución, estos deben ser escogidos por el Parlamento luego de cumplir con una serie de requisitos.
Agregó que el problema no reside en cuándo los nombraron sino en el modo en que lo hicieron y aseguró que la AN puede a través de la mayoría parlamentaria, buscar los mecanismos legales para nombrar nuevos miembros del TSJ.

El reconocimiento de los poderes es fundamental

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El especialista en Derecho Internacional y concejal del municipio Girardot en el estado Aragua, José Arias, consideró que para salir del conflicto de poderes es importante el reconocimiento de ambas partes.

Destacó que el Poder Público es uno solo y está distribuido de manera horizontal, por lo cual ninguno está por encima del otro, sin embargo aseguró que el TSJ es el máximo garante de la Constitución venezolana.

Expresó que es aceptable que la bancada oficialista solicite la impugnación de las leyes que salgan de la AN puesto que tanto la directiva como los tres diputados juramentados “arbitrariamente” están en desacato al burlar un dictamen del TSJ.

Aseveró que hay que saber establecer diferencias entre inmunidad e impunidad, puesto que la inmunidad se otorga a quienes por derecho la han ganado pero no se debe caer en la impunidad al no hacer que se cumplan las leyes venezolanas.

Mencionó que los diputados opositores deberán someterse a la justicia.

La Asamblea no puede estar supeditada al TSJ

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Parlamento busca derrocar al gobierno de Maduro

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Para el abogado constitucionalista Jesús Silva, el desconocimiento de las instituciones venezolanas por parte de la directiva de la AN “es un golpe parlamentario” que busca derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.

“Lamentablemente la Asamblea Nacional con mayoría opositora que se resiste a obedecer una decisión judicial provisional que suspende los efectos de un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral, entra en un acto de desacato y de rebeldía contra el Poder Judicial”, señaló Silva.

Según Silva, la actitud de la oposición denota la intención de una “renovación de lo que fue el golpe de Estado de 2002, ahora en formato de golpe parlamentario”, por lo que a su juicio debe existir prudencia de las demás instituciones.

Estimó que vendrán más actos de sabotaje por parte de la AN con mayoría opositora, que seguirá intentando invocar normas jurídicas malinterpretadas con el objetivo de desafiar a los demás poderes públicos.

Yosemarys González/ECS
[email protected]

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