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En menos de dos semanas inicia la campaña para uno de los cambios más profundos a la República de la era chavista


Sin referendo, pero va. Sin el voto popular sobre las bases comiciales, pero ya está listo el cronograma del proceso electoral que pondrá por encima de todos los poderes a 545 personas que redactarán una nueva Carta Magna desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el suprapoder que derogará la tan defendida “bicha” de Hugo Chávez y ya le fijó fecha final a los diputados opositores y a la Fiscalía General.

Todo eso ocurre en medio de un agudo conflicto político entre el Gobierno y la oposición que se ve en las calles del país con más de 2 meses de protestas y 68 asesinatos en esas movilizaciones, que se suman a la escasez generalizada, más aguda en los rubros alimenticios y medicamentos.

Hasta ahora tampoco está previsto, de manera obligatoria, una votación para aprobar o rechazar el resultado de ese texto fundamental que intenta el presidente Nicolás Maduro. Solo un “exhorto”, que a última hora sacó el jefe del Ejecutivo, invita a los asambleístas a evaluar la posibilidad de someter el producto final al escrutinio público, lo que significa una especie cheque en blanco para reordenar el Estado a conveniencia.

Esto implicaría que, según las explicaciones del Ejecutivo, la Carta Magna de 1999 incluye un capítulo para que un presidente pueda llamar a la refundación de la República, solo con la potestad de elegir a los constituyentistas, pero no para rechazar la ejecución del proceso o negar el resultado final.

Este es un detalle “gravísimo”, advierte el periodista y constituyentista del 99, Vladimir Villegas, quien se pregunta por qué no se aplica las mismas bases comiciales usadas para la Constitución Bolivariana.

“Si es una convocatoria democrática, ¿por qué no se desestima ese proceso y se aplican las bases comiciales de Chávez? Si se trata realmente de una Constituyente para la paz, al menos hacer eso sería un paso para el diálogo”, sugiere.

Además de esta característica del llamado, que justifican al interpretar que los artículos 347, 348 y 349 del texto fundamental atribuyen al mandatario nacional la iniciativa, queda fuera de juego la soberanía del voto, al menos en la práctica.

El mismo Contralor General de la República, Manuel Galindo, ha calificado como “absurda” la idea de someter a referendo el proceso de cambio de la Carta Magna, al considerar que “la Constitución no debe ser analizada de forma aislada, hay que analizarla completa, del artículo 1 al 350, para entender por qué el presidente es quien tiene la autoridad para hacer el llamado”, explicó.

Pero ninguno de los argumentos del Gobierno ha explicado, con precisión, en cuál de los pasos legales de este proceso el pueblo ejerce -directamente- la convocatoria a la Constituyente.

Protesta de la oposición
Oposición se mantiene en las calles protestando contra la refundación de a República.

División
Tanto ha sido el rechazo del mismo chavismo hacia la ANC, que se ha generado una ruptura dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), entre quienes catalogan la ANC como inconstitucional y otros que aseguran que la participación del pueblo es más inclusiva que en 1999 con la redacción que promovió el fallecido Hugo Chávez.

Una de las principales detractoras del proceso, confesa chavista, es la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien se plantó se manera directa contra la convocatoria, al punto de introducir su nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e incluso, al negársele esa posibilidad, impugnar el nombramiento de 33 magistrados “de manera exprés” y pedir un antejuicio de mérito para 8 juristas de la Sala Constitucional.

“No es necesaria, pertinente, ni conveniente (…) En lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis por el carácter sectorial y corporativo de representación indirecta del decreto dictado por el Ejecutivo (…) Esta Constitución (la del 99) nació con el objeto de transformar el sistema político y apuntalar a cambios ante lo que en su momento se percibió como el agotamiento del modelo político iniciado en 1958”, sostuvo.

Pero las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentan que esas bases comiciales son legales y explican que la Constitución del 61 no contenía la potestad de llamar a una Constituyente, no así el texto fundamental de la era Chávez que, al atribuir la iniciativa de convocatoria del proceso -argumenta el Poder Electoral- hace innecesario plantear un referendo consultivo.

Con todo este panorama, las elecciones en puerta, las protestas y la represión en las calles, tanto el Gobierno como la oposición mantienen sus posiciones fijas, sin intención de ceder ante el otro, frente a un desenlace poco alentador para el país, de acuerdo con el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

“El dilema que plantea el presidente: Constituyente o guerra será peor si no hay negociación que cambie el juego: Constituyente y guerra (…) La presión sin negociación futura plantea el dilema clásico: guerra (que debes estar en capacidad de ganar) o cambio que no podrás controlar (…)”No hay ninguna forma de que el gobierno pase esa Constituyente antidemocrática y el país acepte en paz. Ese escenario es vacío”, argumenta el analista.

Dos realidades

Mientras se sigue moviendo la política hacia la refundación de la República, la gente sigue protestando en calles a riesgo de caer ante las leyes de un Estado institucionalmente descompuesto: una Asamblea Nacional en supuesto desacato, magistrados del TSJ bañados de presunta ilegalidad y un presidente con la popularidad más baja (10%) de toda la historia democrática nacional.

 

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