Tarek William Saab Halabi es un político, abogado venezolano, hijo de inmigrantes libaneses. Nació en El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Fue gobernador de su estado natal entre 2004 y 2012


1. El impasse

Abril, el mes que desencadenó conflictos en Venezuela.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (155 y 156) donde se le restaba competencias a la Asamblea Nacional (único poder venezolano electo en voto popular, directo y universal), produjo que no solo los diputados opositores hablaran sobre la ruptura del hilo constitucional en el país, sino que esta generó polémica y enfrentamiento entre el poder Moral Republicano y la Fiscal General, esta última apoyaba irónicamente la teoría opositora.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que no se puede hablar de una ruptura del hilo constitucional en el país, porque la controversia entre los poderes se resolvió en el comunicado del Consejo de Seguridad de la Nación.

“Si este fuese un país sin independencia de poderes y sin libertad de expresión, yo quiero que me expliquen cómo es que el pronunciamiento de la Fiscal pudo trasmitirse en VTV y otros medios del Estado (…) Por eso, el presidente Maduro convocó al Consejo de Seguridad para resolver este impasse entre los poderes, se produjo un comunicado y el exhorto al Tribunal Supremo de Justicia fue conocido el mismo día con las resoluciones 157 y 158”, con dichas declaraciones Saab le salió al paso al impasse que hubo entre él y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pues esta no compartía la decisión tomada entonces por el TSJ.

Este tema marcaría los siguientes “rounds” donde han estado envueltos el defensor, la fiscal y el Gobierno nacional.

 

2. Competencias
Confundido por las últimas declaraciones de la fiscal, por las muertes ocurridas durante las protestas pacíficas, por las investigaciones del Ministerio Público (donde con pruebas corroboraron que funcionarios de la GNB han disparado a quemarropa a los manifestantes), el defensor del pueblo acudió al TSJ para que le aclare sus competencias en materia de Derechos Humanos.

El funcionario recordó que la Defensoría tiene cualidades inequívocas para investigar violaciones a los Derechos Humanos, “acceso a actas, informes forenses, estar presente en lugares de reclusión, entrevistar testigos, entre otros”. Esto a propósito de otro conflicto con Ortega Díaz que “necesita ser aclarado”.

Wiliam Saab afirmó que a su despacho no se le permite abrir ni acceder a investigaciones sobre Derechos Humanos. Por ello pide a la Sala Constitucional que aclare sus competencias.

Consideró importante que en base a las aclaratorias que está solicitando, los únicos beneficiados son los ciudadanos, puesto que el despacho que dirige está a favor de los Derechos Humanos.

3. ¡Derechos negados!
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el pasado 18 de enero de 2015, declaró al diario Correo del Orinoco que la Defensoría “tampoco es una fiscalía que investiga, imputa y presenta al presunto violador de los derechos humanos frente a los tribunales, tampoco somos eso”.

Aseguró que la Defensoría del Pueblo es “un órgano de mediación para la solución de conflictos entre los diversos poderes y el ciudadano común, nuestro papel fundamental es la mediación”.

Dijo que bajo su gestión este despacho será un órgano defensor, para “defender a víctimas de violaciones a derechos humanos, ya cuando se dé el caso de la violación; tenemos entonces que asumir el papel de defensores”.

Otra de las funciones de la Defensoría debe ser educar, aseveró. La educación debe centrarse en la formación de valores de paz y de no violencia; “en favor de los derechos humanos”. Eso implica “capacitar a policías, militares, funcionarios en una cultura por la paz”.

Ratificó que la Defensoría del Pueblo debe ser un órgano protector de los derechos humanos, “que es un rol fundamental: la protección a todos los sectores que pueden ser sujetos de violaciones a los derechos humanos, sectores sociales vulnerables”.

4. “Otro round”
La controversia “picó y se extendió”. Saab hizo eco de su posición como funcionario y le salió al paso a la solicitud que realizó Ortega Díaz ante el TSJ, donde pidió antejuicio de mérito contra ocho magistrados principales y dos suplentes, aclarando que nunca firmó el acta para la designación de los mismos.

Ante ello Saab, en compañía del contralor general, Manuel Galindo, desmintió la versión de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre su supuesta desaprobación a la designación de los actuales magistrados del TSJ, por considerarla inconstitucional.

Pese a que la fiscal reveló un acta del Consejo Moral Republicano, sobre el proceso de preselección de dichos funcionarios, en la que dejó en blanco el espacio dispuesto para su rúbrica; el defensor del pueblo aseguró que Ortega Díaz sí firmó y avaló tal procedimiento en reunión del 21 de enero de 2016.

Además de esto, cuestionó el hecho de que “¿Cómo si hay una modalidad legal para que los documentos sean solicitados, la fiscal tiene un acta?”.

En ese sentido, Saab presentó las presuntas pruebas que evidencian que se llevó a cabo la reunión y que el libro de actas fue firmado por el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y la Secretaría del Consejo Moral Republicano.

“Esta polémica se inició cuando se dice de manera falsa que el presidente del Consejo Moral Republicano decidió omitir las normas y en consecuencia no se hizo la convocatoria de la segunda selección de magistrados”, cuestionó en referencia a los documentos entregados por Ortega Díaz al TSJ el pasado lunes 12 de junio.

Indicó que la finalidad de mostrar los documentos y pruebas ante la opinión pública respondió a la gravedad de lo que presentó Ortega Díaz ante el Poder Judicial y para salvar la “honra” del Consejo Moral Republicano.

 

J. P.
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Redacción El Norte