El proceso de diálogo que se inició entre gobierno y oposición lleva ya dos rondas. Los resultados han generado muchas controversias, aplausos y críticas. El diálogo, sin duda, es necesario. El país tiene muchos problemas y conflictos y toda posibilidad de resolver por vías pacíficas y consensos mínimos algunos de los problemas existentes es positiva. Además, se respira en el país un cansancio ante tanta confrontación. Toda posibilidad de crear un clima que permita una mayor tolerancia deber ser apoyada.
Si el diálogo se analiza desde la perspectiva chavismo y antichavismo, la evaluación para muchos será que alguien va ganando y alguien perdiendo o que hay un empate en las aspiraciones de cada sector. Si se analiza desde la perspectiva de las necesidades del país, la evaluación será diferente. Desde esa perspectiva la analizare y con visión desde los derechos humanos.
No hay duda que el país sufre de una grave crisis económica, social y política. Que existe un enorme descontento con la gestión de gobierno, sin negar que el presidente cuenta con un respaldo que según las encuestas es casi del 30%, lo cual no es nada despreciable. Pero para la mayoría de la población la situación ya es insoportable y genera angustia. El diálogo tiene que dar respuesta a esa situación.
El diálogo debe servir para que se produzca una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis. Esa salida es el referendo revocatorio que le permitiría al pueblo decidir los destinos del país. Y antes que de manera inconstitucional fuera suspendido el proceso iniciado hacia el revocatorio, se había la expresado la voluntad de millones de personas de querer recorrer ese mecanismo pacífico.
Se comprende la frustración de millones de personas al constatar que el restablecimiento del proceso revocatorio no haya sido un punto central en los primeros acuerdos. Así que hasta el momento el diálogo no ha servido para avanzar en esa posibilidad de devolver al pueblo lo que se le arrebató y de canalizar de la manera más democrática posible los deseos de cambio de un importante sector de la población. Esa negativa sigue dejando abierta la posibilidad de caminos de violencia que en nada favorecen y que más bien pueden profundizar la crisis.
Tampoco se ha acordado establecer una fecha para las elecciones de gobernadores. Por mandato de la Constitución deben realizarse antes que finalice ese año. Ello no es negociable. Simplemente se deben establecer los mecanismos que permitan, se realice. Un acuerdo distinto es violar la Constitución.
Las negociaciones tampoco han dejado con claridad lo referente a la libertad de los presos políticos. Se promete que se liberaran presos, pero ni siquiera se liberan los más de 22 presos que tienen órdenes de libertad y de manera arbitraria permanecen detenidos en el Sebin. Pero el asunto no puede limitarse a la liberación de presos, sino a que cese la persecución por razones políticas y por exigencia de derechos. De poco sirve que liberen algunos presos, si dentro de algunos meses tal vez tengamos más presos políticos. La mesa de diálogo debe lograr acuerdos donde haya un compromiso del gobierno de cesar la persecución por motivaciones políticas o porque las personas realicen protestas pacíficas reclamando sus justos derechos.