La exoneración de impuestos municipales por parte del alcalde causó pérdidas millonarias, han denunciado los ediles


Si la Cámara Municipal de Sotillo, el Consejo Legislativo (Cleanz) o la Asamblea Nacional (AN) citaran al edil opositor Antonio Acosta para consignar las evidencias de exoneración irregular de impuestos a empresas de Sotillo, el funcionario estaría en la absoluta disposición de presentarlas.

El concejal le hizo un llamado al Contralor Municipal a que cumpla con su función.

“Si es mentira lo que yo estoy diciendo entonces que me demande”, replicó.

Acosta aseguró que el alcalde Magglio Ordóñez desconoció la autoridad del ente edilicio.

Aseguró que cuando los decretos tienen que ver con contratos deben ser consultados en Cámara Municipal.

“Conversión Profunda fue un proyecto aprobado por la Cámara pasada y luego nosotros tomamos la posesión del ente el 5 de enero de 2014, entonces cómo van a decir que no es de nuestra competencia”, sostuvo.

El legislador recordó que son seis las filiales incursas en este megaproyecto.

“Tengo cada una de los decretos que hizo el alcalde sobre esa exoneración irregular de impuestos, tengo todos los datos, qué más pruebas quieren que presente”, dijo Acosta.

Así se refirió a las declaraciones emitidas ayer por la presidenta de la Cámara Municipal, Amarilis Soto, donde le exigió a su homólogo presentar todas las evidencias que inculpaban a Ordóñez en presunta corrupción.

“Debería preocuparse por conformar una comisión para investigar a profundidad estos casos.

Les recuerdo mis colegas, que un concejal está para averiguar y regular las actuaciones de los alcaldes”, enfatizó.

Por su parte, la edil Dubraska Pérez informó que tuvo que salir a la luz pública la denuncia para que desde la dirección de Contraloría le dieran una explicación del descuento hecho a las empresas.

“Se les hizo una rebaja para que pagaran antes de la fecha. Si esto es así por qué no lo informaron en su momento. Además, hay que ver cuánto representa eso en pérdida -de acuerdo con el contrato asignado- para Sotillo. Estoy de acuerdo que con estas decisiones también se le dé participación al pueblo, porque los concejales nos debemos a todos los habitantes de Puerto La Cruz que nos escogieron”, dijo.

En contra

Soto acompañada de los ediles Marcia Silva y Juan Navarro desmintió las declaraciones emitidas tanto por Acosta como por la legisladora chavista Dubraska Pérez, donde hacían referencia a estos descuentos sin justificación.

La representante del ente edilicio tildó de irresponsables a ambos ediles. Los emplazó a que presenten las pruebas.

Detalló que un total 781 millones 829 mil 872 bolívares fueron recaudados. Agregó que serán invertidos en la cancelación de sueldos y salarios de todos los empleados del ayuntamiento portuario.

Además, recalcó que el restante de este ingreso será utilizado para la construcción que contribuya a mejorar el municipio.

“Lo que estamos viviendo ahorita no es para exonerar, sino para llegar a un acuerdo, porque cuando una empresa quiere pagar un año tiene que haber un convenio, nosotros podemos hacer un descuento, eso lo puede hacer el alcalde, tiene toda la potestad de hacerlo”, citó.

Soto hizo hincapié en que solo la dirección de Contraloría es la encargada de aprobar la memoria y cuenta de Ordóñez.

“Lo único que nosotros hacemos es recibirla y evaluarla. Eso no lo dice en ningún lado. Él la entregó en febrero, se consiguieron alguna cosas y aquí está”, expresó.

Atentado

El concejal Antonio Acosta responsabilizó al gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno del atentado que le hicieron a la sede del partido Acción Democrática (AD) en el municipio Sotillo.
“Él es el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela en Sotillo, quien más que él entonces para procurar este tipo de actos vandálicos”, aseveró.

Zorymar Medina
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