En nueve de cada diez asesinatos los policías visten de civil, de acuerdo con las investigaciones de la policía científica. Los delincuentes reconocen a los funcionarios


En la contienda callejera venezolana cada vez es más frecuente que los héroes de la patria sean asesinados a plomo. El hampa afinca el gatillo cuando ve a un oficial. Se perdió el miedo. Los delincuentes también conocen la ineficiencia del sistema judicial: de cada 100 casos solo cinco son procesados, según distintas organizaciones. Así que aprovechan la oportunidad de “ganarse” una pistola o cualquier arma de guerra en un terreno que implícitamente lo tienen conquistado.

337 funcionarios policiales, militares y escoltas civiles fueron liquidados durante 2015, según la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). De esta totalidad, la Policía Nacional Bolivariana lloró a 46 efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana perdió a 35 hombres, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas preparó 31 entierros. En el caso de los cuerpos regionales, Poliaragua fue una de las que más muertes padeció, con 23 funcionarios caídos.

En Anzoátegui, según estadísticas extraoficiales recabadas por el diario El Norte de distintos medios regionales, nueve policías y dos exoficiales de distintos cuerpos de seguridad fueron asesinados en 2016. Además, la delincia escupió disparos mortales contra otros tres militares.

Aunque no en todos estos casos las causales fueron el robo del armamento, el director de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, estima que 90% de este tipo de homicidios se cometen para despojar a la persona de su arma de reglamento. En el 10% restante, se observa venganza y sicariato como principales móviles.

El también sociólogo recuerda que hace siete años era absolutamente extraordinario este crimen. Con el pasar de los años y el aumento de la criminalidad -que sitúa a Venezuela como el tercer país más violento del mundo-, también se incrementó la cotidianidad de ver a uniformados tendidos en el pavimento con la vida escurriéndose por cada bala. Antes, 15 o 20 policías eran ultimados durante un año. Ahora, sus pronósticos estiman que superarán los 300 casos anuales.

En nueve de cada 10 asesinatos, los efectivos estaban vestidos de civil. Esta es la estadística que maneja el criminólogo Carlos Bolívar. Sin embargo, recuerda que esto es violatorio a las normas de los cuerpos policiales, donde se les exige abandonar el armamento en el parque de armas cuando salgan francos del servicio. Pero el incumplimiento de la orden llama a la muerte. Para el criminal es más factible arrebatar una vida que pagar hasta cuatro millones de bolívares por una pistola.

“Los delincuentes se han convertido en profesionales para detectar quién porta arma. (Pero en realidad), todo funcionario policial, una vez que cumple su guardia, debe entregar su pistola. A menos que esté de comisión y continúa con ella. Eso está pasando mucho, ellos aseguran estar en servicio”, apuntó el criminólogo.

Vecinos del mal
Pero además de la preparación autodidacta de los hampones que se vuelven expertos en derramar sangre, los policías tienen la desventaja de ser vecinos del mal.

El sociólogo Cedeño comenta que la convivencia de agentes en espacios comunes con los delincuentes recrucede el fenómeno. El hampa reconoce a los policías. Entonces pueden elegir entre ser víctimas o corromper su oficio para salvarse.

Aunque en algún momento en el país se planteó la posibilidad de hacer una especie de gueto para policías, posteriormente se descartó, ante la revelación de que la solución real era darle oportunidades de calidad de vida a los cuerpos de seguridad. Aunque Cedeño subraya que después de todo, los errores no se han corregido.

Incluso, se han incrementado. El despliegue de la Fuerza Armada desde 1999 se convirtió en una tentación constante para el criminal. Ahora en las calles, las granadas ruedan como pelotas. El hampa común ha demostrado estar bien dotada en caso de conflicto bélico, pues muchas de las armas que portan son de guerra. Bien sea porque matan a los milicianos para conseguirlas o porque las compran al propio cuerpo de forma ilegal.

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas presentó un estudio en mayo del año pasado en el que se reveló que Venezuela fue la nación de América Latina con más muertos por granada desde 2013 hasta 2015. 18 personas murieron por el mal uso de este armamento de guerra que solo debería poseer la milicia. Al menos otras 12 víctimas mortales de los últimos seis meses se unen a la contabilidad.

Sin embargo, las fuerzas oficiales aseguran haberle declarado la guerra a la criminalidad. El jefe de la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Anzoátegui (Cicpc), Johnny Rodríguez, aseguró que solo este año han destruido 780 armas asociadas a la criminalidad. Se contrasta esa cifra con el aproximado millón y medio de armamento ilegal que en 2013 circulaba por Venezuela.

Sobre la prevención del delito contra funcionarios, recordó que efectivamente cada comandancia tiene restricción explícita de porte de arma en caso de que el funcionario esté libre. A excepción de la milicia que se rige por otras normas y permisos. Rodríguez admite que “toda la vida” se ha transgredido el deber de soltar el arma una vez acabada la jornada.

“La costumbre la hacen ley. Pero aquí todas las armas deberían estar en los parques porque es solo para trabajar. El arma es del Estado y ellos te la prestan para que des un servicio. (Además) el armamento no es sinónimo de seguridad, los funcionarios estarían más seguros si no la portaran”, reconoce el comisario.

A pesar de que admite que la mayoría de las veces los hombres de la seguridad son asesinados para robarles armas y vehículos, desestima que este año en el estado hayan ocurrido decesos de este tipo.

“El año pasado sí hubo un medio repunte. Les robaban el arma y la moto. Aproximados 10, aunque no fueron tantos. Por supuesto que si en toda Venezuela están destruyendo armas, en todos lados la delincuencia se queda desarmada y buscan la forma de robar. Pero este año las cifras han disminuido bastante, de verdad”, concluyó el jefe del Cicpc.

 

Katherine Carrizales
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