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Expertos apuntan que cualquier decisión que establezca el máximo ente electoral podría desencadenar hechos violentos, debido a hay sectores en los que se mantiene la crisis: salud, alimentación, seguridad y economía

12 años después, la historia se repite. El proceso que en 2004 se activó para revocar al exmandatario Hugo Chávez resurge esta vez para sacar del juego al actual presidente Nicolás Maduro, quien cumplió la primera mitad del período el pasado 10 de enero.

En aquel proceso, el llamado “comandante eterno” trifunfó. Esta vez, el final no se ha escrito.

Más de un década de experiencias electorales ha servido a los venezolanos para escoger las opciones que desean o desaprobar las que no les parezcan, a través de consultas.

Este año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) allana las vías para reactivar el mecanismo. El 9 de marzo, formalizó ante Consejo Nacional Electoral (CNE) la petición de referendo revocatorio.

Pero la incertidumbre comenzó a tejerse en los electores y allí se mantiene: ¿Llamará el CNE al revocatorio este año o en 2017?

El alcalde de Urbaneja y dirigente de Primero Justicia (PJ) en Anzoátegui, Gustavo Marcano, critica que han sido varias las “normas sobrevenidas” que aplica la comisión electoral para “tratar de impedir” el proceso al cual definió como “100% constitucional”.

“En 2007, el CNE, en Gaceta Electoral, aprobó una serie de artículos para los referendos (consultivo, aprobatorio, revocatorio y abrogatorio), pero en esta oportunidad exige nuevos reglamentos para ponernos en una alcabala y no llamar a elecciones este año.

Sin embargo, cumpliremos con las reglas estipuladas para no darle excusas”, explica.

Una de las normas que no se cumple a cabalidad, advierte, es el artículo 8 de la Gaceta Electoral 405 (Resolución Nº 070906-2770) del 18/12/2007, que establece la recolección de firmas del 1% del padrón electoral nacional y no por cada estado, como lo pidió el ente comicial.

El referendo está establecido “no para sustituir a una persona” sino para “cambiar a un gobierno”, aclara Marcano.

Recuerda que si el CNE llama a elecciones para después del 10 de enero de 2017, el revocatorio “no tendría resultados”, pues ese día inician los últimos dos años de mandato de Maduro y solo él podría ser destituido, mas seguiría en el gobierno su tren ejecutivo.

Cambios

El 29 de abril, el Presidente creó una comisión -encabezada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para revisar “firma por firma” la voluntad recolectada por la oposición entre el 26 de abril y el 1º de mayo, otra norma sobrevenida.

El diputado al Consejo Legislativo de Anzoátegui (Cleanz), José Castro, sostiene que ninguna medida del CNE “atentará contra los resultados”. “No se trata de una obstáculo burocrático, sino de una activación de mecanismos novedosos que garantizan los resultados y hacen que sean objetivos”, sostiene.

El periodista especialista en elecciones, Eugenio Martínez, expone que esa exigencia es “innecesaria” porque el artículo 9 de la Gaceta Electoral 405 del ente comicial establece que las firmas se autentican solo con la tecnología biométrica (captahuellas) para obtener “celeridad y certeza en los resultados”.

No existe, a su parecer, una ley de referendos, por lo que el árbitro puede establecer cualquier medida y modificar las ya existentes “cuando quiera”.

El CNE exigió a la MUD 197 mil firmas para iniciar la activación del revocatorio contra Maduro, pero el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró que consignaron 2 millones 301 mil 945 expresiones de voluntad: 1.068% más.

Sobre este punto, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, declaró el 4 de mayo que todos las consultas desde 2007 se rigen por la gaceta 405, no así, los celebrados desde 1999 hasta ese año.

“Hemos recibido la solicitud del partido de gobierno para establecer un lapso de reclamo.

También la vamos a evaluar porque estamos garantizando los derechos políticos de todos”, puntualizó.

¿Qué debe hacerse?

El abogado constitucionalista Tomás Castellano sugiere recordar a los votantes que si el revocatorio se lleva a cabo en 2017 y Maduro sale del Gobierno, quedaría en su cargo el vicepresidente (hoy Aristóbulo Istúriz) hasta 2019, cuando termina el período.

Asegura que de anunciarse la elección para este año, se podría convocar en solo 30 días.

El especialista Martínez rememora que durante el referendo de Chávez, se estableció 166 días, y luego se sumó 188 días más.

“Si se toma la norma y los lapsos necesarios a tiempo, el referendo debería aprobarse en, aproximadamente, 175 días continuos. Sumando los 90 del llamado a elecciones, este debería llevarse a cabo entre octubre y noviembre, a más tardar”, estima.

Pero alcalde de Caracas y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, desestima toda fecha antes del 10 de enero próximo.

Considera “imposible” que el mecanismo se aplique en 2016 porque “no dan ni los tiempos ni las firmas”.

El coordinador de esa tolda en Anzoátegui, Filiberto Martínez, denuncia que a la oposición le gusta meter “gato por liebre”.

“Ellos (la MUD) siempre meten cédulas y firmas falsas. Nosotros los revolucionarios vamos a ser observadores en ese proceso, de aplicarse en el país, aunque no creo que llegue muy lejos porque la derecha le tiene miedo al captahuellas”, sentencia.

Termómetro

La socióloga Elizabetta Di Nislla augura que cualquier decisión que tome el CNE llevará a una “ebullición” nacional que, a su juicio, podría ser nocivo para la paz.

Advierte que un sector de la población piensa que con el referendo se resolverá la crisis se inmediato y aclara en que eso “no será así”.

“Siempre habrá una parte en contra de lo que se diga, pero el estallido de cuatro grandes indicadores que son economía, alimentación, medicamentos e inseguridad se verá escudado por el referendo. La sociedad rebasará la tolerancia y la paciencia y, lamentablemente, Venezuela se convertirá en el país con uno de los más altos índices de violencia”, sostiene.

Principio de celeridad

El abogado constitucionalista Tomás Castellano plantea en que el nuevo proceso revocatorio tendría celeridad, de continuar con las mismas normas establecidas en 2007.

Sin embargo, asegura que de seguir el CNE “implementando nuevas estrategias del juego”, este podría ser visto por los ciudadanos como “poco serio”.

Patricia Aponte
[email protected]

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