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Según investigaciones, habían fiscales que cobraban para no imputar a los delincuentes

Daños patrimoniales a la nación, a través de contrataciones con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco, así como fraude importador y el hallazgo de una red de extorsión y chantaje que funcionaba en el Ministerio Público (MP), son algunos de los casos que han sido investigados en los dos últimos meses, tras la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la República por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado 5 de agosto.

El fiscal, que asumió la tarea de reestructurar el organismo que anteriormente dirigía Luisa Ortega Díaz, denunció el 16 de agosto la existencia de una presunta red de extorsión y chantaje que funcionaba en la gestión anterior del MP, descubierta durante el proceso de transformación del organismo del Poder Ciudadano.

De acuerdo con las indagaciones, presuntamente fiscales y directores del MP cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes. Hasta ahora han sido detenidos cuatro funcionarios.

Por esta red fue imputado y solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y esposo de la exfiscal, Germán Ferrer, quien actuó en complicidad con Pedro Lupera, fiscal 55 nacional activo; y Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional.

Imputados

El abogado José Parra Saluzzo también ha sido imputado por delitos de extorsión y abuso de poder. Se presume que su bufete cobraba las extorsiones y estaría implicado en casos de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

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