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La Fiscalía, admitió tener “denuncias por parte de familiares sobre desapariciones durante el proceso de desalojo de la Penitenciaría General de Venezuela”, pero no precisó el número de estos reclamos


El hallazgo de los restos de 14 personas en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace cinco meses, reactivó el pasado 10 de marzo el debate sobre la crisis penitenciaria del país entre denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

La cifra de muertos encontrados cuando se hacía una excavación en las instalaciones de la prisión ascendió a 14, según informó la Fiscalía.

“Hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres” en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), situada en la ciudad de San Juan de los Morros (estado Guárico), señaló el Ministerio Público, precisando que el hallazgo ocurrió el jueves nueve de marzo.

Las investigaciones relacionadas con el caso continuarán para determinar las causas de las muertes, aclaró.

Ese mismo viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que se habían encontrado restos humanos que “correspondían a siete personas”, horas después de haber dicho, en un primer balance, que pertenecían a tres víctimas.

El pasado 28 de octubre, el gobierno completó el desalojo de la PGV tras semanas de enfrentamientos entre internos por el control de la prisión y denuncias sobre fallecimientos por desnutrición y ausencia de medicinas.

Videos publicados en redes sociales por detenidos y sus familiares mostraban la falta de comida y tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis en el penal, que habrían dejado al menos diez muertos.

Denuncia
La ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad denunció en ese momento la existencia en la PGV de una fosa común con un número de cadáveres mucho mayor.

Carlos Nieto, coordinador de esa organización no gubernamental, reiteró que el número de muertos podría llegar a un centenar.”Nuestros reportes son verdaderamente confiables”, declaró.

Por su parte la Fiscalía, admitió tener “denuncias por parte de familiares sobre desapariciones durante el proceso de desalojo”, pero sin precisar cuántas.

Nieto estimó que los cadáveres se acumularon en la fosa común en distintos incidentes ocurridos en la cárcel, que albergó a unos 9.000 presos, durante los últimos años.

“Sean 14, 50 o 100, eran personas bajo la responsabilidad del Estado”, indicó el activista.

La ONG estima el número de presos en 88.000 en todo el país, de los cuales 33.000 en condiciones de hacinamiento en calabozos policiales por retrasos procesales y falta de espacio en las cárceles.

Exigencia
La Iglesia católica exigió este viernes al Estado venezolano celeridad en las investigaciones iniciadas tras el hallazgo de los cadáveres.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitó en un comunicado a los Poderes Públicos que se aboquen de manera “urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad” sobre lo que calificó como un “terrible descubrimiento”.

La CEV instó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta”.

Escándalo
Las ONG denuncian que, pese al plan gubernamental, las cárceles venezolanas son escuelas del crimen donde incluso los reclusos tienen piscinas, pizzerías y discotecas.

De igual manera, reportan irregularidades en el cumplimiento de penas por parte de los pranes (líderes de los reos).

El mes pasado, Wilmer Brizuela Vera, alias “wilmito”, quien cumplía condena por secuestro y homicidio, fue herido en un tiroteo en una playa de Margarita (norte)

El incidente generó un escándalo en la prensa, que rechazaba que Brizuela estuviese libre. Había recibido un beneficio procesal y, tras el suceso, volvió a ser recluido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua, centro-norte).

 

AFP

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