Quienes inicialmente son víctimas, terminan siendo los victimarios. La aplicación de la infame ley del “ojo por ojo, diente por diente” cada vez cobra más fuera en el país, estimulado, quizá, por los altos niveles de impunidad en la nación


El cazador que termina siendo cazado. La presa, hasta ese entonces dócil, saca a relucir su lado más salvaje junto a su manada, para así transformarse en la ganadora de una lucha a muerte por la supervivencia.

Lo descrito anteriormente no hace referencia a algún documental sobre el reino animal, sino que busca crear una analogía sobre una realidad que se evidencia con más frecuencia en la Venezuela moderna: los linchamientos.

Este año, la palabra se convirtió en la protagonista de diversos titulares de prensa, los cuales recogieron historias llenas de atrocidad, y en donde la ira, la saña y la brutalidad de una muchedumbre se convirtieron en el combustible del crimen colectivo.

En abril, el Ministerio Público (MP) publicó un informe en donde confirmaban la investigación de 26 casos de linchamiento a nivel nacional hasta ese entonces, dos de ellos ocurridos durante el último trimestre de 2015.

En el mismo documento del organismo gubernamental, precisaban que otras 17 personas habían resultado lesionadas en intentos de linchamiento pero en ninguna parte se mencionan a los detenidos o procesados por cada uno de los casos.

Para Roberto Briceño León, sociólogo y presidente del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), los datos ofrecidos por el MP lucen modestos frente a los 74 casos de “justicia por mano propia” en todo el país que maneja la ONG de manera extraoficial.

Destacó que, naturalmente, el MP no ofrece nombres de investigados, detenidos o culpables por estos homicidios porque, según explica, “cuando se perpetra un asesinato en estas condiciones, el combinado de participantes le da una condición de anonimato a todos los implicados, por lo que es difícil determinar el o los responsables”.

Briceño León apunta que los linchamientos solo contribuyen a generar más violencia en la sociedad, y opina que el alto porcentaje de impunidad en casos de homicidios (91% según la OVV) además de la desconfianza en las autoridades policiales generan estos hechos.

La activista de Derechos Humanos y directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Jackeline Sandoval, opina que los linchamientos son el resultado de una justicia que se reclama pero que no llega por los canales regulares.

Destaca que los ciudadanos de a pie se llenan de frustración al no recibir respuestas efectivas por parte de los organismos de seguridad ni de los que están encargados de administrar la ley en Venezuela.

Señala que una comunidad organizada actúa fuera de sí antes un cúmulo de agresiones y delitos reiterados en su contra, pese a que los linchamientos están señalados como un homicidio intencional en grado de complicidad en el Código Penal venezolano.

El texto legal vigente habla de la prohibición de hacer justicia por sí mismo en su capítulo VIII, específicamente en el artículo 270, en donde se habla de un castigo penal impuesto a los posibles imputados.

Causa y consecuencia
El criminalista Javier Gorriño expone que otro punto que aviva el odio de una población es el hecho de que en muchos casos, los delincuentes son presentados pero luego puestos en libertad plena horas después de su detención.

Menciona que esto es muy común cuando se trata de delitos menores como el robo o el hurto. Sin embargo, puntualiza que estas personas tienen a ser reincidentes del crimen, y es por eso que las comunidades deciden tomar acciones como el linchamiento.

Enfatiza que actuar en grupo supone una protección legal y física para quienes ejecutan el hecho porque “el pueblo no puede ser enjuiciado, característica que además le da más popularidad a este delito en Venezuela”.

Marco Ponce, quien es coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, está de acuerdo con que los linchamientos hayan ganado “fama” dentro de las comunidades organizadas ante la impunidad que existe dentro del sistema penal del país.

A su juicio, el fenómeno está tomando incluso una nueva forma, en la que ahora participan nuevos actores, como las mujeres. Añade que en todo el territorio nacional, la violación de derechos humanos fundamentales asciende al 90 %.

Ponce comenta que los linchamientos están generando una especie de reacción en cadena, lo cual califica como “alarmante”. Cree que es oportuno que se tomen políticas de seguridad ciudadana más eficientes.

En Anzoátegui
En la puesta en práctica de la infame ley del “ojo por ojo, diente por diente”, el estado Anzoátegui no queda exento. De hecho, entre enero y noviembre de 2016 se registraron ocho linchamientos en toda la entidad, según las estadísticas de prensa que se tienen.

In fraganti
A Jesús Gabriel López Naranjo (20) lo mataron a golpes mientras supuestamente se intentaba robar una pieza de acerolit de un techo. El crimen ocurrió la mañana del 20 de febrero en la calle Bolívar del sector Barrio Adentro de Puerto La Cruz.

Los moradores de la referida comunidad justificaron la acción diciendo que el ahora occiso era un azote de la comunidad y que no era la primera vez que lo hacía. López Naranjo estaba acompañado por unos sujetos que huyeron del lugar.

Presunto asesino
Los residentes de la calle principal del sector Pica de Neverí, ubicada en la zona rural del municipio Simón Bolívar, tomaron la justicia por sus manos la noche del 12 de septiembre en el referido sector.

Cuando la comunidad se enteró que al obrero Javier Alejandro Salcedo (29) lo mataron a tiros para robarle su moto, se volcaron sobre sus presuntos asesinos, por lo que Eduardo José Cordero Bruzual (24) quedó rodeado de personas.

La muchedumbre atentó contra el hombre, a quien lo golpearon con piedras en la cabeza de manera tan salvaje que le fracturaron el cráneo y su masa encefálica quedó totalmente expuesta.

Triple homicidio
El caso más atroz de linchamiento en Anzoátegui tuvo lugar el pasado 9 de octubre en el sector Los Yaques de Puerto La Cruz. La comunidad enardecida se atentó de manera feroz contra tres sujetos señalados del presunto robo del vehículo de un miembro de la selección estadal de judo.

Albert Antonio León Rodríguez (22) Héctor Luis Brito (25) y Merwin Rojas (28) fueron atrapados, amarrados a un poste y quemados vivos por un grupo de habitantes de esa barriada porteña.

La saña del linchamiento causó conmoción en la población, e incluso circularon videos y fotografías del crimen, en las que se observan a las víctimas quemándose ante la mirada indiferente de los presentes.

 

Paúl Rivas González
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