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Dirigentes políticos fueron presos, 42 personas fallecieron y hubo más de 2 mil detenciones en todo el país


La tensión política llegó a su punto más álgido durante los primeros seis meses del año 2014. Manifestaciones como las emprendidas desde el 12 de febrero no se veían desde el 2002, cuando el pueblo se volcó a la calle exigiendo la renuncia del ex presidente Hugo Chávez.

Cortesía
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Las protestas comenzaron en el estado Táchira, a principios de febrero y luego se extendieron a otras entidades.

Mientras se desarrollaban estas actividades, el dirigente de Voluntad Popular (VP) y la diputada María Corina Machado, convocaron a asambleas de calle para evaluar la situación del país.

“No sabemos cuándo se va a producir el cambio, pero si no empezamos hoy no se va a dar nunca. Estamos invitando al pueblo a ser protagonistas de una salida popular”, dijo Leopoldo López en una rueda de prensa. Luego, cientos de personas atendieron el llamado de parte de la dirigencia opositora y en las asambleas populares realizadas de forma simultánea en Caracas, Maracaibo, Mérida, entre otras ciudades.

Se convocó a una concentración para el 12 de febrero, Día de la Juventud, en los espacios de Plaza Venezuela y otros estados del territorio nacional.

En el transcurso de los tres primeros meses las protestas se fueron tornando más serias y las solicitudes contra el gobierno de Nicolás Maduro sobre el otorgamiento de garantías sociales fueron creciendo.

Protesta-estudiantiles
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Protestantes pedían seguridad, así como reclamaban el alto nivel de la inflación, un en 50% al cierre del 2013 según el Banco Central de Venezuela (BCV) y la escasez de productos básicos.

Los manifestantes alegaron que estos problemas han sido causados por las políticas económicas del gobierno venezolano; entre ellas los estrictos controles de precios.

El estado protagonista fue Táchira, luego se sumó Caracas, Mérida, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ordaz y Anzoátegui. En las semanas siguientes las demandas fueron ampliándose a otros derechos como participación política, derecho a la vida, a la libertad e integridad personal y a libertad de expresión.

Los participantes de estas manifestaciones reflejaron una postura o planteamiento común y articulador en sus acciones: rechazo al presidente Nicolás Maduro, a su equipo de gobierno y a las prácticas represivas implementadas durante estos meses.

A la par de las manifestaciones de oposición, el gobierno nacional también convocó a marchas a su favor en Caracas y en otras ciudades. El Ejecutivo afirmó que no fueron suspendidas las garantías y que en “Venezuela se vive el ejercicio pleno de las libertades civiles”.

El gobierno de Maduro identificó a los manifestantes y líderes opositores como facistas y los señaló de promover la violencia y odio.

Lamentable

Las confrontaciones originadas en el primer semestre dejó 42 fallecidos (oficialistas, opositores y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana).

También más de 817 heridos y 2 mil 500 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal Venezolano (organización de derechos humanos) denuncia 33 supuestos casos de tortura.

En cifras

Según informe realizado por el Observatorio de la Conflictividad Social (Ovcs), durante el primer semestre del año ocurrieron en el país al menos 6 mil 319 protestas de calle. Un promedio de 35 cada día.

La comparación con el primer semestre de 2013, cuando se contabilizaron mil 687 manifestaciones, arroja un aumento de 278 %, 72 % de las protestas fueron en rechazo al presidente Maduro.

Región

La zona norte del estado Anzoátegui también fue protagonista de la diversas protestas.

Las acciones de calle dejó 1.192 detenciones a estudiantes, quienes tienen libertad bajo régimen de presentación, al menos cada 30 días. Otros dos jóvenes tienen una investigación abierta.

Carlos Cardoza
Carlos Cardoza

Según el abogado defensor Manuel Ferreira quien hasta el momento lleva los casos junto a otro grupo de penalistas, dijo que todas las personas detenidas fueron acusadas por hostigamiento al odio, destrucción de bienes públicos y tranca de principales arterias viales.

Reportó que resultaron heridos cuatro jóvenes, quienes fueron atendidos en la clínica municipal de Lechería, uno con herida en el labio, otro con esguince en pie derecho y dos con traumatismos.

La repercusión de todas las manifestaciones en la entidad, fue hacia el municipio Urbaneja, donde vincularon al alcalde Gustavo Marcano. El gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz y el presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Nelson Moreno, aseguraron que el burgomaestre tenía las “manos metidas” en lo que tildaron “olas de violencia”.

En su defensa y declaraciones registradas en los archivos del diario El Norte el 19 de febrero, el alcalde refirió que todas las jornadas estudiantiles se habían dado bajo toda normalidad y de una manera pacífica. “No permitiremos jamás que se califique a los estudiantes y vecinos de guarimberos, quienes solo ejercen su derecho constitucional”, alegó.

Insistió Marcano que el estado Anzoátegui fue y ha sido ejemplo de civismo y tranquilidad en las concentraciones.

El 21 de abril, debido a las denuncias en su contra por las protestas realizadas en Lechería, Marcano fue citado ante la justicia. “Verificado en el tribunal, el alcalde @GustavoMarcano citado para el día lunes 21/04 por proceso judicial en razón de las guarimbas”, señaló Ferreira vía Twitter.

El alcalde de Lechería se pronunció en torno a la situación a través de su cuenta en la red social. “En Lechería todos conocemos las intenciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). A nosotros nada ni nadie nos saca de nuestra lucha cívica, pacífica y constitucional”.

Registros

El pasado 13 de marzo diputados del Cleanz consignaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra del alcalde, por, supuestamente, financiar las protestas en ese municipio y ser responsable de los hechos violentos suscitados en la entidad.

Vecinos de esa jurisdicción también acusaron al mandatario local, ante una comisión especial del parlamento, de permitir el cierre de vías mediante guarimbas, pese a que fue prohibido por un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta el momento el alcalde tiene abierto siete procesos judiciales en su contra.

Aunque las protestas cesaron en la región anzoatiguense, al igual que en otros estados del país los estudiantes estiman volver a las calles luego de que haya un proceso de reorganización.

“En estos momentos nos estamos reorganizando, hay algunas diferencias que dirimir y decisiones que tomar, no se puede volver a la calle sin una propuestas”, manifestó Génesis Martínez, estudiante de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma).

Acotó que el principal enfoque de la protesta es y fue la crisis por la que atraviesa el país y “donde se pretende limitar al ciudadano a adquirir un bien solo cuando el gobierno así lo desee”, dijo.

Indicó que las manifestaciones no es un tema solo estudiantil, sino también de toda la sociedad, pues los problemas afectan a todos los venezolanos.

En los últimos años, 80 % de las manifestaciones han sido por demanda de temas sociales. Y a partir de junio las protestas de trabajadores se han incrementado”, según lo dicho por Marco Antonio Ponce, coordinador general del Ovcs.

Antecedentes y consecuencias

Para el 21 de febrero el gobierno venezolano retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los canales internacionales NTN24 y CNN en Español, retractándose de su decisión el 22 de febrero con CNN, emitiendo nuevas credenciales para los periodistas de la cadena estadounidense.

La decisión de Maduro de retirar las cadenas televisivas del aire era por la participación de los medios ante la cobertura de las protestas, puesto que los medios nacionales mostraban segmentos de lo que acontecía.

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Las más recientes manifestaciones en contra del gobierno comenzaron en enero de 2014, y continuaron al agravarse los motivos que las causaron, en especial, al agudizarse los problemas económicos como inflación, desabastecimiento y escasez de artículos de primera necesidad.

La muerte del Bachiller Hector Moreno de la ULA-Mérida y el intento de violación de una estudiante de la ULA-Táchira respectivamente, fue lo que “incendió” las calles se produjo protestas de estudiantes “indignados” con las ya antiguas quejas sobre el decadente estado de la seguridad bajo el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

Sin embargo, lo que desató aún más la indignación de los estudiantes fue la respuesta policial a dicha protesta, en la cual varios estudiantes fueron detenidos y abusados; también se realizaron protestas posteriores pidiendo la liberación de los jóvenes. Las manifestaciones se expandieron, atrayendo a otras personas que no eran estudiantes, y estas llevaron a más arrestos.

La respuestas de Maduro ante los hechos fueron: “San Cristóbal está asediada por paramilitares de derecha bajo las órdenes del presidente Álvaro Uribe”; posición que rechazó el exmandatario . También dijo que el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos (miembro de Voluntad Popular) pronto se uniría a López detrás de las barras por fomentar la violencia.

El mandatario nacional expresó que era cuestión de tiempo para que lo tengan en la misma celda. Ceballos fue arrestado en marzo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin una orden de arresto y a la fecha continúa en la cárcel.

Dato

Según las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) en el 2013 se registró la inflación más alta del mundo, siendo el único país con inflación superior al 50 % ese año.

Esta altísima inflación de las divisas internacionales originó la paralización de la empresa Toyota, escasez en alimentos, previamente a la protesta, en enero de 2014 Venezuela sufrió su escasez de rubros más alta en cinco años con un 26,2 %.

El gobierno acusó a diversas empresas de hacer acaparamiento de alimentos, ya que en otros países que registraron hiperinflación no existió escasez de productos. La desaparición en el rubro de papel periódico alegada por la prensa escrita, también originó el apoyo de los medios impresos, si bien el gobierno acusó a la prensa de usar la inflación como escusa para apoyar las protestas.

De acuerdo con Fedecámaras, la deuda en dólares del Gobierno con el sector privado de los laboratorios y la industria farmacéutica que espera por el desembolso, es de 2.300 millones de dólares.

El gobierno venezolano afirmó que se enfrenta contra una guerra económica en la que grupos económicos realizan acciones encubiertas o disimuladas como desabastecimiento, especulación, desvío de productos desde los canales regulares de distribución. Aseguró que estaba ante un sabotaje del sistema productivo, una campaña mediática de manipulación económica, una invocación al ilegal mercado de divisas, entre otras.

El objetivo principal de los manifestantes era la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el cambio del modelo político-económico de Venezuela, denominado en ocasiones “castrocomunismo” o “castrochavismo” y que los manifestantes califican como la instalación de una dictadura inspirada en el modelo de Estado socialista y que estaría dirigida desde Cuba.

Prohíbidas

A pesar de que el Artículo 68 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a protestar y prohíbe el uso de armas para el control de manifestaciones pacíficas, el gobierno de Maduro anunció que quedaban prohibidas las manifestaciones sin permiso, después de las acciones de violencia en el país, alegando que la legislación venezolana requiere un permiso municipal previo para cualquier manifestación pública.

Cronología

Los objetivos del movimiento estudiantil venezolano organizador de las marchas, representado por la Federación de Centros Universitarios son los siguientes:
•Libertad para los jóvenes detenidos.
•El cese inmediato de las torturas y violaciones a los DDHH.
•Fin de la criminalización de la protesta.
•Desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios.
•Renovación y legitimación de los poderes públicos.
•Cese de la censura de los medios de comunicación.
El día elegido para la convocatoria de jornadas de desobediencia civil coincide con la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de La Victoria del 12 de febrero de 1814 de la Guerra de independencia de Venezuela, en la cual las fuerzas independentistas del general José Félix Ribas ante la escasez de tropas armaron a unos mil estudiantes de los colegios y seminarios. Ese día también se conoce en Venezuela como el Día de la Juventud. El nombre «La Salida» para referirse a estas protestas vendría de la consigna «la calle es la salida».

Rechazo gubernamental

El gobierno venezolano ha rechazado planteamientos como la renuncia del presidente, usando como argumento el que las elecciones de hacía 10 meses y las municipales del 8 de diciembre, hubo una mayoría de resultados a su favor.

El Foro Penal Venezolano, una ONG de derechos humanos, informa que hasta el momento tienen registrados 18 casos de torturas a detenidos. Estas torturas, algunas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), incluirían golpizas, descargas eléctricas y asfixia, además de tortura psicológica.

Amnistía Internacional ha corroborado esta información, indicando que la “tortura es común” en las autoridades venezolanas en contra de los manifestantes, pese a que el Artículo 46 de la Constitución de Venezuela dice que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Después de arreciar las protestas en San Cristóbal, efectivos militares fueron desplegados en Táchira, fronterizo con Colombia, con batallones terrestres recorriendo las ciudades y aviones militares sobrevolando ese territorio.

Detenciones

El 15 de febrero de 2014, el presidente Maduro rechazó a todo chavista que atente contra manifestaciones opositoras y advirtió que irían a la cárcel en caso de ser cierto.

Igualmente, el 22 de febrero de 2014 informó que funcionarios del Sebin y dos personas aparentemente vinculadas al chavismo con unas armas, disparando, están presas por sucesos de 12 de febrero.

El 26 de febrero de 2014, el Ministerio Público informó que logró la privativa de libertad para cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por su presunta vinculación con la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya, ambos asesinados el 12 de febrero.

Más tarde, el 28 de febrero de 2014, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, condenó la acusaciones contra el Estado venezolano sobre que no investiga cabalmente las violaciones a los Derechos Humanos e informó que “hay 27 investigaciones abiertas por violaciones a los Derechos Humanos» por los hechos violentos ocurridos durante las protestas”.

Jackelyn Pinto
[email protected]

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