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El defensor del pueblo en Anzoátegui, Rafael Hurtado Bravo, aseguró que buscan fortalecer el óptimo funcionamiento de los servicios públicos. Además, serán un organismo mediador entre el poder ciudadano y los gobernantes del estado Anzoátegui, con el fin de fortalecer la búsqueda de soluciones


Cortesía
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Abordar los derechos colectivos y servicios públicos es la nueva meta de la Defensoría del Pueblo en el estado Anzoátegui. Este año el organismo se renovó desde la raíz.

Rafael Hurtado Bravo lleva la batuta en la entidad. No se trata de un recién llegado. Tiene 30 años de carrera como activista de los derechos humanos.

Hablar con Hurtado es recordar los hechos de la masacre de Cantaura en el año 1982. Él es autor del libro “Cantaura: la masacre anunciada” y actual presidente de la Asociación Civil Cantaura Vive, la cual agrupa a los familiares de las víctimas de este suceso.

El defensor del pueblo tiene varios proyectos en marcha: Estar cada vez más cerca de las comunidades y poder servir de enlace entre el pueblo y los gobernantes.

-Son pocas las personas que asisten a la Defensoría para colocar una queja, debido a que no ven a este organismo como una solución ¿Qué funciones van a ejercer para que los habitantes se incentiven a denunciar?
-Queremos que la Defensoría llegue a las comunidades de Anzoátegui. La función de nosotros es proteger y defender los derechos individuales y sociales de los vecinos; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; controlar que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.

Estas funciones las estamos dando a conocer, pues no es el caso de Anzoátegui, pero hay municipios en el país donde la Defensoría recibe solo una denuncia a la semana. Esto no puede ser. Tenemos que crear esa cultura de ser un organismo de enlace entre el pueblo y los gobernantes.

-¿Cuántas denuncias reciben diariamente la Defensoría del Pueblo?
Tenemos dos sedes, una en Barcelona y otra en la zona sur. Recibimos entre 30 y 50 denuncias al día. Una cifra que estimamos redoblar con las visitas a las comunidades. Queremos que los ciudadanos confíen en nosotros y nos vean como el organismo que mediará la solución de sus problemas.

-Quieren llegar a todos los sectores y hasta crear defensorías municipales ¿Cuentan con el personal suficiente para realizar el trabajo?
-Estamos en eso. Actualmente tenemos ocho funcionarios en la sede de Barcelona y cuatro en la sede de El Tigre. Tenemos que formar más abogados para abordar las zonas más desprotegidas. Por ejemplo, necesitamos urgentemente una oficina en la zona centro del estado. Hay denuncias graves en Anaco y Cantaura.

-¿A qué se refiere con denuncias graves en la zona centro?
-Maltratos, torturas… Por ejemplo, hay una denuncia de desaparición forzada de un joven, en la cual está implicada la Policía de Freites. Estamos realizando las investigaciones y los resultados serán pasados a las autoridades pertinentes para que se tomen las acciones necesarias.

A corto plazo estamos solucionando. Ya tenemos el abogado que enviaremos hacia la zona centro de la entidad para que el pueblo tenga una oficina cercana y no deba trasladarse hasta la zona norte para hacer escuchar sus denuncias.

-Las personas naturalmente entienden por defensoría ese organismo donde se denuncian maltratos y agresiones a los derechos humanos. ¿Qué otro tipo de irregularidades entran en las funciones del organismo?
-Inconvenientes con los servicios públicos, aumentos de impuestos y tarifas, corrupción en la función pública, seguridad, discriminación, educación y salud pública, maltrato y mala atención en hospitales, escuelas, comisarias, oficinas, etc., contaminación ambiental, control de alimentos, defensa de consumidores y usuarios, espacios verdes y vía pública, problemas edilicios, vecinales y de tránsito. Todos los trámites son gratuitos.

-En cuanto a los servicios que ofrecen ¿Qué tipo de soluciones le brindan al pueblo?
-La defensoría del pueblo se basa en la defensa de los derechos humanos, de víctimas y de la gente… Se trata de ser mediadores, conciliadores y una especie de equilibrio entre los ciudadanos y los poderes públicos. Por ejemplo, en el tema de la salud hay muchas denuncias. Estamos en la capacidad de promover mesas técnicas con alcaldes, concejales y las autoridades para que se busquen soluciones.

Hay que tener claro que la defensoría del pueblo no tiene los recursos para solucionar el problema de fallas en los servicios, pero sí podemos hacer que los encargados mejoren la calidad del servicio ofrecido a la población. Tenemos todas las estrategias para lograr los objetivos. Y seguimos trabajando para recuperar la confianza del pueblo.

-Todos los días los ciudadanos son víctimas de sobreprecio, especulación y malos servicios ¿Qué actividades de prevención realizarán en Anzoátegui?
-Estamos realizando fiscalizaciones con el propósito de fortalecer el funcionamiento de los servicios públicos. Además, pedimos al pueblo que denuncie cuando sea víctima de especulación.

Estas quejas las pasamos a la Superintendencia de Precios Justos (Sundee) en el estado Anzoátegui. Hay que recordar que trabajamos de manera conjunta con el resto de los organismos del Estado para hacer cumplir la constitución y las leyes vigentes.

Rafael Hurtado Bravo

– Abogado penalista egresado de la Universidad Santa María (Caracas 1987).
– 30 años de carrera activa en los Derechos Humanos.
– Directivo de la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela (Fedanev) en el año 1982.
– Escritor del libro “Cantaura: La masacre anunciada”.
– Presidente de la Asociación Cantaura Vive.
– Prefecto del municipio Anaco durante el período 1999-2000.
– Director de Protección Civil Anaco 2010-2014.

Naylett Leonett
[email protected]

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