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El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, sugiere que las gobernaciones tomen el control de las cárceles de cada estado y que se elimine el Ministerio de Servicios Penitenciarios

Desde el año 2002, cuando se dio origen al “pranato” carcelario venezolano -unión organizacional de grupos privados de libertad- comenzó la entrada y fabricación de armamentos que es el problema actual de mayor preocupación para organismos de derechos humanos.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, aseguró a

El Norte que, además de esta diatriba, el hacinamiento en los penales es la mayor dificultad del sistema de justicia.

Plantea soluciones que podrían convertir las cárceles de la nación en nuevos centros de reinserción de los privados de libertad en la sociedad.

– ¿Cuántos presos había hace 10 años y cuál es la cifra actual?

– En 2005, había 17 mil 17 privados de libertad en todas las cárceles del país.

Ahora, la cifra asciende a 48 mil 500 presos. Estaríamos hablando de un incremento de 31 mil 843 personas (285% de aumento). Eso es sumamente elevado para la cantidad de prisiones que existen. Tenemos hasta 1.000% de hacinamiento en las cárceles del país.

– ¿Para cuántos privados de libertad están condicionados los centros penitenciarios?

– Ellas (las cárceles) tienen una capacidad para 30 mil personas. Si analizamos que hay 48 mil 500 presos, existiría una sobrepoblación de 18 mil 500 personas.

La solución a este hacinamiento es la construcción de prisiones por parte del gobierno central.

En estos momentos hay 38 cárceles, aunque la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, asegure que son 78.

– ¿Qué medidas deben establecerse y cuántas prisiones debe haber en cada estado para albergar a los privados de libertad?

– Se necesitan tres niveles de privación de libertad en el país, el mismo número en cada estado: un centro de detención preventiva, un internado judicial y un centro de cumplimiento de pena.

Con esa estructura en cada entidad, tendríamos 72 prisiones a escala nacional.

– ¿Para qué deben establecerse esos tres niveles?

– El centro de detención preventiva tendría la misma labor que los retenes municipales: mantener al detenido por un lapso no mayor a 96 horas, para luego trasladarlo a un internado judicial.

Allí, el privado de libertad esperaría por una respuesta judicial y una pena carcelaria, la cual cumpliría en un centro de cumplimiento de pena, bajo el período establecido por el Ministerio Público.

Este último debe trabajar en la reinserción del reo a la sociedad.

– ¿Hay detenidos esperando procesos judiciales dentro de los módulos o calabozos policiales locales?

– Así es. Los calabozos municipales son centros preventivos por un lapso no mayor a 96 horas.

La cifra en estos momentos es de 15 mil presos en estos espacios.

Tenemos conocimiento de privados de libertad que tienen hasta tres años esperando ser trasladados a un centro de reclusión, teniendo una sentencia firme.

– ¿La razón es solo el hacinamiento o hay otras causas?

– La primera razón es que ahora hay que pedir cupo en las cárceles para trasladar a los detenidos.

En los recintos penitenciarios ha bajado la población, pero ha aumentado en los calabozos municipales. Eso es algo inconcebible. Por ello, el gobierno central debe resolver esas fallas que están acabando con el nivel carcelario en Venezuela.

– ¿Se violan los derechos humanos de un detenido que se mantiene en un calabozo municipal?

– Absolutamente. Un preso en un calabozo no sale a un patio, ni cuenta con beneficios propios de un privado de libertad.

En las cárceles debe existir centros deportivos, culturales y de recreación. En los retenes municipales eso no existe.

Aunado a eso, los policías están formados para la seguridad ciudadana, no para cuidar presos y eso es lo que está ocurriendo ahora.

– ¿Hay más armas de fuego en las cárceles venezolanas que las que tiene la Guardia Nacional Bolivariana?

– Los presos demostraron con lo que sucedió en el Internado Judicial de San Antonio, en Nueva Esparta, que ellos son los que tienen el poder actualmente en las cárceles.

Ellos tienen más armamentos que los funcionarios encargados de custodiarlos. Y eso no pasa solamente en un calabozo, sino en todos los del país.

– Quiere decir que un pran tiene más poder que el director de un centro…

– Con toda seguridad, digo que así es. Lamentablemente esa es la realidad carcelaria.

– ¿Existe en realidad zona de paz en las cárceles?

– ¿Cómo puede haber zona de paz, cuando los presos están armados hasta los dientes? Eso no existe en este país. Hasta los internos deben pagarle a los pranes una vacuna para poder sobrevivir adentro.

– ¿Pero de qué manera puede acabarse con esta jerarquía y este poder ilegítimo?

– Los gobiernos regionales deberían tener planes de gobierno y controlar los centros penitenciarios. Además, las cárceles tienen que ser manejadas por penitenciaristas.

Es necesario eliminar el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Crear un instituto autónomo también traería buenos beneficios.

Patricia Aponte
[email protected]

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