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El llamado “bachaqueo” es un delito que tomó fuera de base a la justicia. La Constitución de la República y la Ley de Precios Justos establecen penas de hasta 10 años por especulación y acaparamiento.

Pero en la realidad, esta nueva modalidad de crímenes contra la Soberanía Nacional puede ser procesada y ejecutada de tantas maneras, que comúnmente incurre en vacíos legales y acarrea impunidad.

Pese a que se han hecho innumerables detenciones, actualmente en Anzoátegui ninguna persona está detenida por este tipo de crimen, según lo aseguró una fuente extraoficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la región.

El funcionario comentó que estas aprehensiones solo representan un “show” para que en la población se extienda la idea de que se está atacando el problema. En el mejor de los casos, al señalado se le multa y se coloca medida cautelar.

Incluso el gobernador encargado, Nelson Moreno, admitió, en varias conversaciones con medios de comunicación, que los detenidos relacionados con reventa de alimentos son puestos en libertad por jueces luego de la presentación mediática. Las autoridades no encuentran qué delitos imputarles.

El Código Penal no establece como crimen la reventa de mercancía, mucho menos penaliza que un ciudadano se adelante en una cola, venda su puesto o incluso compre en varias oportunidades. Esto se limitaría a evidenciar falta de respeto y decadencia en los valores morales de la sociedad.

Según el abogado penalista Manuel Ferreria, en caso de que se use la Ley Orgánica de Precios Justos para señalar delitos por sobreprecio, por ejemplo, deben haber pruebas consistentes. En la mayoría de los casos, estas transacciones son voluntarias y no ameritan facturación. En consecuencia, penalmente se extinguiría la imputación.

A menos de que al criminal se le aprehenda en flagrancia, se le multe por falta de permisos para el expendio de alimentos o en confluencia con otros actos punibles. En ese caso, convergen las circunstancias en modo, tiempo y lugar.

Pero quienes utilizan la violencia, pudieran ser señalados por asociación para delinquir, uso ilícito de armas o riñas. Estos delitos ameritarían prisión hasta por seis años.

Jhonny rodríguez

Cuerpos de seguridad presentan delitos por extorsión

Con la intención de paliar el vacío de leyes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en conjunto con los demás cuerpos de seguridad, comenzará a presentar a los revendedores por delitos de extorsión por calificársele de una red delictiva.

 José Manuel Abreu
José Manuel Abreu

El jefe estadal del Cicpc, Johnny Rodríguez, reveló que en reuniones con el gobernador y el Ministerio Público develaron cuáles fueron los errores que se cometieron en las actas de aprehensión de los delincuentes y que dieron pase fácil para su liberación.

Esto abriría la posibilidad de que los revendedores serán condenados hasta por 15 años. Cinco años más de lo que contempla la propia Ley de precios Justos.

Sin embargo, recuerda que cuando se le imputen penas inferiores a ocho años, no corresponde privación de libertad por tratarse de un delito menor.

A pesar de que Rodríguez asegura que “hay bastantes personas” que incurren en la actividad ilícita, asegura desconocer las cifras de cuántos han sido aprehendidos en el estado.

José toro hardy

Economista cree que penalizar la acción no resolverá crisis

Los “bachaqueros” podrían ser el último eslabón de una cadena de malversación. Esa es la teoría que maneja el economista José Toro Hardy. Por eso, le resulta absurdo que se penalice a quienes revenden productos y no a los que están detrás.

Para el especialista, simpatizantes del gobierno serían las manos que controlarían el negocio ilícito de esta nueva modalidad de tráfico.

Cortesía
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Según su relato, el Estado es el único que posee las guías de distribución de los camiones. Entonces sería el único que conocería a cuáles establecimientos llega la mercancía.

Esa situación, aunado a la falta de producción nacional y asignación de divisas para las empresas privadas, dificultaría que la crisis alimentaria se normalice.

Además, recuerda que la reventa es una consecuencia normal cuando surge la escasez. Y a su vez, esta es una consecuencia de “políticas públicas irracionales”, entre ellas los controles cambiarios. Por lo que descarta la teoría de que el desabastecimiento sea responsabilidad de los revendedores.

Carlos Raúl Hernández

Sociólogo devela que “bachaqueo” surge de la necesidad

Necesidad de comprar alimentos que no se consiguen en los anaqueles, y al mismo tiempo, apuro por tener una fuente de ingresos con la que cubrir los gastos familiares.
Vendedor y comprador apremiados por el contexto social. “Grupo humano que se favorece de un bien escaso”. De esta forma el sociólogo Carlos Raúl Hernández devela el origen del llamado “bachaqueo”.

Cortesía
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Según el relato del especialista, este es un fenómeno creado por las economías socialistas. Recuerda que esta figura ha existido en el paso de gobiernos izquierdistas bajo la figura de mercado negro.

Para él, este es el síntoma de una sociedad enferma por la confiscación que ha hecho el Estado sobre la economía.

En relación con la incidencia de la penalización en la reducción del crimen, recalca que “el gobierno crea las condiciones para el delito y luego inventa el delito”.

Haciendo referencia a que se pena el mercado negro que nace desde la escasez, que a su vez es producto de mala administración de los recursos.

Manuel Ferreira

Penalista dice que el Estado debería ser sancionado

Los derechos individuales protegen la vida, la salud y la seguridad en el acceso de bienes y servicios. Dado el panorama de desabastecimiento, el abogado penalista Manuel Ferreira cree que el Estado debe ser sancionado por violación a los derechos humanos en la práctica de lo que considera políticas erradas.

Cortesía
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Para el especialista, las acciones legales deben ir más allá de las que se toman en contra de quienes revenden productos básicos. Explica que este delito, en realidad, sería una responsabilidad del Gobierno y por tal debe ser sometido a pena.

En el caso de los funcionarios, a pesar de que admite que en muchas ocasiones son cómplices de los hechos, relata que para poder imputarlos de un delito, este debe existir. Por eso, el vacío legal acarrearía la omisión de la complicidad.

Sin embargo, enfatiza que hay “un gran abuso de poder” e indicios de corrupción. Incluso vejaciones que de ser denunciadas podrían acarrearles procesos administrativos y culminar con la destitución del funcionario policial.

Katherine Carrizales/ECS
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