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Desde el año 2002 está prohibido el porte de armas para custodios. Y aunque la medida es celebrada por especialistas en materia de criminalidad, los serenos consideran que están en desventaja frente a los delincuentes


Tratan de caminar erguidos y con paso firme en un intento de imponer autoridad dentro de su espacio de trabajo. Y aunque con el uniforme y ceño fruncido logran parte de su cometido, admiten sentirse vulnerables.

Esta es la realidad en la que se desplazan muchos vigilantes privados que laboran dentro de centros comerciales de la zona norte del estado Anzoátegui, quienes en medio de la necesidad de ganarse el pan de cada día, sortean una cantidad de riesgos.

La mayoría de ellos dice sentirse de manos atadas ante el incremento de los índices delictivos que, según ellos mismos, ha aumentado de manera exponencial en este tipo de recintos de la región.

Pese a que no existe una estadística real sobre la cantidad de robos y hurtos que se sucede dentro de estas instalaciones, cada mes, las constantes historias de arrebatones y desenfundo de armas de fuego son prueba de un contexto que es real.

Rafael Zerpa desempeña su trabajo de custodio del quinto edificio del centro comercial Plaza Mayor con apenas un par de tubos y palos. Él es uno de los 16 que realiza una labor similar en los alrededores del área.

Considera que se encuentran en una enorme desventaja frente a hombres que entran en las instalaciones “armados hasta los dientes”. Se trata de una batalla que ellos han perdido incluso antes de empezar.

“La inseguridad aquí es total. Primero, no contamos con los implementos necesarios para prestar un servicio óptimo, como paralizadores, rolos u otros objetos no letales que son esenciales”, mencionó Zerpa.

A juicio de Zerpa, es imposible ofrecer una seguridad real a los miles de usuarios que visitan el centro comercial día a día cuando ellos son el eslabón más débil de una cadena de control y poder.

Pero no observa todo de forma negativa, y añadió que una de sus mayores fortalezas es el sofisticado sistema de circuito cerrado de cámaras con que cuentan. Sostuvo que gracias a este ha sido posible dar con la identidad de maleantes.

El vigilante privado hace énfasis en la deficiencia de comunicación que existe entre ellos y la Policía del municipio Urbaneja (Poliurbaneja), la cual sirve a la ciudad de Lechería. Cree que los tiempos de respuesta son “muy malos”.

“La idea es ponernos en contacto con ellos (Poliurbaneja) en caso de suscitarse eventualidades de relativa magnitud, pero los uniformados no llegan de inmediato. Allí existe una falla importante”, destacó el sereno.

Zerpa aseguró que el punto más crítico de su trabajo llega cuando se oculta el sol y le da paso a una luna que no siempre brinda suficiente luz. “Por la noche es cuando ha ocurrido la mayoría de los asaltos a las tiendas de Plaza Mayor”, dijo Zerpa.

Afirmó que para bajar el índice delictivo en el lugar se instaló una casilla policial dentro del centro comercial. Sin embargo, explica que los uniformados de Poliurbaneja solo custodian las áreas exteriores del establecimiento.

El equipo reporteril del diario El Norte quiso conversar con el director de este organismo de seguridad local, Iraní Benavides para contrastar la información. Y luego de varios intentos, nunca fue posible conocer su posición sobre este particular.

Foto: jose igualaguana

Misma realidad
La incertidumbre también rodea a Luisana Rodríguez, una madre de dos niños menores de edad, quien desde hace cuatro meses se incorporó a las filas del cuerpo de seguridad interna del centro comercial Puente Real, en Barcelona.

Al igual que Zerpa, Rodríguez está desprovista de implementos de seguridad para hacerle frente a quienes decidan retar su autoridad. “Nos queda es trabajar en equipo y afrontar este tipo de situaciones de la mejor manera”, acotó.

Cuenta que en Puente Real hay 18 vigilantes privados para cubrir dos turnos. Pero para Rodríguez la cifra se hace insignificante, y cree que debe haber 10 funcionarios en cada horario por la gran cantidad de personas que visitan el sitio.

Jean Franco Meneses, director de la Policía del municipio Simón Bolívar (Polibolívar) señaló que desde el 12 de febrero se creó una brigada especial para atender al referido centro de expendio barcelonés.

Precisó que son ocho funcionarios que están apostados en el lugar desde esa fecha, en compañía de efectivos del Consejo Municipal de Derechos del Niño Niña y Adolescente (Cmdnna) de Barcelona.

Destacó que esto se hizo así por la gran incidencia de hechos delictivos leves en los que están involucrados menores de edad. “Son muchachos que logran violar la seguridad privada y se meten allí para delinquir”, contesta Meneses.

La vigilante Luisana Rodríguez comenta que ellos se mantienen en contacto con Polibolívar vía telefónica, y Meneses reafirma este trabajo mancomunado. “Es la forma más afectiva de prestarles apoyo”, remata el titular de Polibolívar.

Foto: VÍCTOR PINTO

Marco legal
El abogado penalista Carlos Ochoa recordó que en el año 2002 fue firmada una resolución presidencial a través de la extinta Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional. En el documento se le prohibía el porte de fusiles a los vigilantes privados.

Ochoa añadió que pese a que la antigua directiva de la Asamblea Nacional (AN), sancionó el 8 de abril de 2014 la Ley Desarme en 2014, mediante la Gaceta Oficial extraordinaria número seis mil 129, este es un instrumento legal que no ha sido realmente eficaz.

Entre el documento de 2002 y 2014 hay ciertas discrepancias. En este último sí se “permisan” a los vigilantes a usar armamento, siempre y cuando estén autorizados por la Guardia Nacional Bolivariana y cumplan determinados requisitos, como haber prestado servicio militar.

Para el sociólogo Luis Cedeño, la negación del porte de armas de fuego a los vigilantes privados es una medida acertada porque estos fusiles son incentivo para los delincuentes, y precisamente el armamento pone en riesgo a quien lo lleva consigo.

El también miembro de la ONG Paz Activa cree que atacar hechos delictivos con pistolas dentro de lugares cerrados traería más desgracia. “Los costos humanos para atender la situación serían mayores que los del robo en sí”, explicó.

“Hay que recordar que la labor de un vigilante es la de custodiar. Su trabajo es prevenir que determinados hechos ocurran y no tendría por qué intervenir directamente en hechos violentos como un robo o hurto”, recalcó el especialista.

El vocero de Paz Activa sugiere que en todos los centros comerciales se instalen cámaras de seguridad, botones de pánico y sistemas de radio que se puedan conectar directamente con los cuerpos policiales correspondientes.

“Son elementos que servirán como un mensaje disuasivo al delincuente, el cual no se atreverá a entrar a sitios que también estén iluminados y monitoreados por autoridades policiales”, sostuvo Cedeño.

A su juicio, estas personas deben ser entrenadas para ser parte de la cadena de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado venezolano. Su posición les brinda “ojos extras” a los cuerpos policiales.

Número de emergencia

Desde diciembre de 2016 está habilitado el Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (Sigraed). El director de la Policía municipal de Sotillo, José Rebolledo, contó que ellos instan a los ciudadanos a usar el número 911 en cualquier caso de emergencia. Aseguró que ha sido la mejor estrategia para combatir la criminalidad en centros comerciales de la zona.

 

Paúl Rivas González
[email protected]

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